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“El Gobierno de Puerto Rico aprobó la Ley 7 que lo autoriza a despedir a más de 30,000 empleados públicos, anular los derechos adquiridos por los trabajadores en convenios colectivos a través de años de lucha; poner el peso contributivo sobre el sector financiero más pequeño y frágil de Puerto Rico, beneficiando aún más a las empresas multinacionales; excluir de fondos públicos a la Universidad de Puerto Rico y delegar a la empresa privada la administración de la educación primaria y secundaria; desalojar y desarticular a más de ocho comunidades pobres que han luchado por décadas por su derecho a poseer la tierra que habitan y ahora se ven amenazadas por el interés de lucro entre el gobierno y las empresas privadas. Doscientosmil puertorriqueños de una pequeña isla de menos de cuatro millones de habitantes salieron a la calle, el 15 de octubre de 2009, oponiéndose a la Ley 7, ley que fragiliza su sistema económico, omite los derechos de los trabajadores, olvida la salud social, privatiza los bienes comunes y endeuda aún más su futuro y obstaculiza las instituciones democráticas. Familias enteras quedaron sin recursos al adoptar estas medidas neoliberales obsoletas y Puerto Rico quedará maltrecho para proveer alternativas a su gente”, denunció Bonafini en la plaza en la que llevan congregándose como organización desde el 1977." EL Nuevo dia